Bruselas revisa la norma sobre derechos de los pasajeros

Tras seis años de aplicación del reglamento que regula los derechos de los pasajeros, la Comisión Europea se propone revisar esa norma en 2012, para lo que va a crear un comité consultivo, con los usuarios y las compañías.

La comunicación emitida ayer por Bruselas analiza lo sucedido en estos años, con especial hincapié en los efectos por la nube de ceniza volcánica de abril de 2010. "La proporcionalidad de algunas medidas actuales, como la ilimitada responsabilidad de [las aerolíneas de] proporcionar asistencia en caso de grandes desastres naturales puede merecer una evaluación", dice el informe.

Las aerolíneas se han quejado reiteradamente de los enormes costes que les supone dar comida y alojamiento en su caso a los pasajeros cuando tienen que cancelar vuelos por "circunstancias extraordinarias". La Comisión pretende clarificar esas situaciones y "el razonable y proporcionado derecho de asistencia". Se trata, según Bruselas, se no hacer recaer "una carga excesiva" sobre la industria de la aviación al tiempo que se asegura que "los ciudadanos no soporten ellos solos" los costes y los inconvenientes de un desastre natural.

También se señala la necesidad de subrayar que las aerolíneas pueden reclamar compensaciones a aeropuertos, operadores de handling o autoridades nacionales cuando la responsabilidad de la disrupción no les corresponde (por ejemplo por las grandes nevadas de diciembre o, aunque no lo cita, el paro ilegal de los controladores).

Además se pretende que las aerolíneas establezcan "plazos razonables y precisos" para responder a las reclamaciones de los pasajeros, ante las quejas de los usuarios de algunas aerolíneas sobre las enormes demoras en tramitarlas.

Pero en el corto plazo se pretende mejorar la aplicación de la actual norma. El vicepresidente de la Comisión responsable del transporte, Siim Kallas, anunció ayer que "el próximo gran avance será intensificar el control de la aplicación. No basta con tener los derechos por escrito: también hay que aplicarlos sobre el terreno". Entre las medidas para tratar de garantizarlo figuran reforzar el mandato de los organismos nacionales de ejecución para adoptar decisiones de interpretación y aplicación, y la intensificación de las campañas de información.